El letrado del afectado ha considerado que se trata de una las indemnizaciones mayores en España por un delito de este tipo. La decisión judicial obliga a la Junta y al Ayuntamiento, de una localidad de 60 habitantes, a eliminar la contaminación de los acuíferos contaminados de los que se surte el pozo del demandante, que ha presentado más de una veintena de denuncias desde que formuló la primera, en 1994.
Entonces, el alcalde, Nicolás González Hernández, convirtió una explotación ganadera familiar en un cebadero de más de un centenar de cabezas, por lo que el demandante acudió a los tribunales por sufrir malos olores, insectos y roedores, y la contaminación del agua por bacterias fecales.
La sentencia destaca "la responsabilidad patrimonial y solidaria" del Ayuntamiento y de la Junta, "y el derecho de los actores a ser resarcidos por ellos, en dicha forma solidaria, en la cantidad de 113.00 euros, así como los intereses legales de dicha cantidad desde que se produjeron las reclamaciones en vía administrativa hasta la fecha de notificación de esta sentencia".
A la vez, les insta a "eliminar la contaminación de los acuíferos que nutren al pozo de la vivienda de los denunciantes".
Aparte de esta sentencia, la Audiencia Provincial de Ávila dictó una providencia hace dos meses por la que seguirá la investigación por un posible delito de falsedad en las firmas de unos apoderamientos utilizados por el alcalde de la localidad, utilizados para lograr la mayoría en un acuerdo del pleno municipal que concedió licencia a la explotación ganadera.
Fuente: El Economista
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