El senador socialista por Ávila, José María Burgos, ha pedido hoy a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que "tramite con la debida diligencia" las quejas respecto al "deterioro en el trato" que reciben los habitantes del medio rural por la entidades bancarias.
Según ha informado hoy en nota de prensa el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Burgos ha pedido en este sentido a Cava de Llano que "valore la posibilidad de actuar de oficio" y que "llame la atención sobre este problema tanto a las propias entidades de ahorro, como a las administraciones competentes".
Aprovechando la comparecencia de la Defensora del Pueblo en el Senado, el parlamentario socialista abulense ha denunciado "el trato ofrecido por las entidades de crédito a los ciudadanos del entorno rural y concretamente, de la provincia de Ávila", lo que a su juicio ha provocado un "creciente descontento entre la población".
Según ha descrito, los ciudadanos que residen en el medio rural "están sufriendo de una forma directa las consecuencias de la reforma del sistema financiero en su relación con las instituciones de ahorro", ya que en su opinión "han perdido el arraigo que tenían en sus territorios de origen".
Desde su punto de vista, esta circunstancia ha provocado "un deterioro en la relación entre los clientes y los empleados de las instituciones financieras", teniendo en cuenta que los bancos "dejan de lado el interés social para volcarse en cuestiones macroeconómicas".
"De esta forma, los ciudadanos no son informados adecuadamente, no ven protegidos sus derechos y, en ocasiones, padecen prácticas abusivas en relación con sus hipotecas u otros productos", ha argumentado, antes de lamentar que esta situación "agrava las desigualdades del medio rural respecto al urbano".
Por ello, ha pedido a la Defensora del Pueblo que "tramite con la debida diligencia" las quejas que llegan en relación con las entidades de ahorro y que "valore la posibilidad de actuar de oficio".
En este sentido, ha vaticinado que la reforma financiera aprobada por el Gobierno "se llevará a cinco o seis entidades en todo el país", lo que a su juicio "provocará el cierre de oficinas y el deterioro del nivel de vida de los pueblos".
Para Burgos, "una vez más las comunidades autónomas y las diputaciones van a lo suyo y poco les importa, o eso parece, que las entidades de crédito hagan de su capa un sayo".
Fuente: ABC
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