El polémico circuito de "karts" que estaba previsto construir en Navaluenga (Ávila), finalmente no se llevará a cabo, después de que tanto el Ayuntamiento de esta localidad de 2.500 habitantes, como el Servicio Territorial de Urbanismo de la Junta hayan "archivado el expediente de solicitud de licencia".
Así lo han explicado hoy en una nota de prensa los representantes de los vecinos y organizaciones ecologistas que desde el inicio se opusieron a esta infraestructura, ya que la consideraban esta "ruidosa" actividad "incompatible" con el medio ambiente de una zona protegida, muy cercana al la Reserva Natural del Valle de Iruelas.
Entre los numerosos pasos dados por los vecinos y asociaciones figuran los recursos de alzada presentados el pasado mes de noviembre por nueve colectivos ecologistas, ambientales y sindicales ante la Consejería de Medio Ambiente, al considerar que el circuito no se había sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental.
Todos ellos consideraban que existía una "incompatibilidad total y manifiesta de esa actividad ruidosa, peligrosa y contaminante con la zona rústica y natural elegida", situada a tres kilómetros del núcleo urbano.
Entre los argumentos esgrimidos, también explicaban cómo la propia Junta señala que la zona alberga una población muy escasa de Náyades, conocidos normalmente como mejillones o almejas de río, de la especie Margaritifera margaritifera encontrados por primera vez en verano de 2002) y la presencia de la Nutria paleártica (Lutra lutra).
Estos colectivos consideraban que todas estas "cuestiones objetivas" obligaban a la Delegación Territorial de la Junta a someter este circuito de karts al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Quienes han impulsado la oposición a este circuito, han expresado hoy su satisfacción por la decisión adoptada por el Ayuntamiento y la Junta, al mismo tiempo que han agradecido el "respaldo" de personas que en el último año han aportado sus "conocimientos y experiencia" para que el proyecto no prosperara.
Frente a este reconocimiento, han criticado la actitud de las administraciones, que "han dado pie a la tramitación de un proyecto cuya documentación no cumplía los requisitos mínimos fijados por ley".
En el lado contrario, han elogiado tanto la "transparencia y atención" del Servicio de Urbanismo de Ávila, como a la institución del Procurador del Común, cuya intervención ha sido considerada "esencial en el desenlace del proceso".
Fuente: ABC
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