Los estatutos permitirán ahora "la gestión de una tasa a los usuarios del servicio por transferencia y tratamiento y eliminación y/o también poder llevar a cabo un modelo de gestión global que incluya la recogida, transferencia, transformación y eliminación, por la delegación de las entidades consorciadas", han informado a Europa Press fuente de la Diputación.
El Consorcio cobra la tasa en toda la provincia a través de los ayuntamientos, pero en el caso del de la capital no sucede así, por lo que procedió a hacerlo, si bien PSOE y consumidores alegaron que no se cumplían los requisitos legales, por lo que se aplazó el cobro, que ahora se retomará.
Por unanimidad se aprobó que el Consorcio tiene potestad para cobrar las tasas directamente, por lo que un informe técnico recoge la conveniencia de desarrollar un reglamento del propio Consorcio que fije su carta de servicios tanto a las entidades consorciadas como a los usuarios que no lo sean".
También se ha acordado crear un registro de particulares, personas físicas y jurídicas de las corporaciones y entidades consorciadas, obligadas al pago de tasas por recogida, traslado, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, ya que la falta de este registro motivó también la paralización de la tasa a finales de 2011.
Fuente: La información
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