Crédito vetado al Ayuntamiento de Ávila por su alta deuda




Viñeta de Vicente Toti

  Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid no podrán concertar créditos a largo plazo este año. Se lo impide la Ley de Presupuestos Generales del Estado porque su deuda viva –los préstamos históricos o recientes contraídos con entidades financieras y pendientes de amortización– supera el 75% de la cuantía que representan sus ingresos ordinarios sobre el presupuesto consolidado (consistorio y sociedades públicas).



Éste fue el criterio 'extraordinario' que, motivado por la reducción del déficit público exigido por Europa, fijó el Gobierno el 9 de septiembre del año pasado. Una decisión que, a priori cerraba las puertas de bancos y cajas a los consistorios de Ávila y Salamanca.

La deuda viva del ayuntamiento abulense (47,7 millones al cierre de 2010, según datos del Ministerio de Economía) alcanzaba el 96% de sus ingresos corrientes (49,5 millones). Y los créditos sin pagar del Ayuntamiento salmantino (139,4 millones) superaban en dos puntos, 102%, lo recaudado de forma ordinaria (136,4 millones).

Sin embargo, las condiciones impuestas por el Gobierno central en septiembre –anunciadas verbalmente, y consagradas el 22 de diciembre en la Ley de Presupuestos– llegaron precedidas de varios 'titubeos' normativos.

Así, el primer veto al crédito municipal fue decidido por el Gobierno en mayo de 2010, cuando aprobó vía decreto un conjunto de medidas de ajuste para reducir el déficit público, entre ellas, la prohibición general para todas las entidades locales de contraer créditos en lo que restaba de ejercicio y a lo largo de 2011.

La orden suscitó un 'levantamiento municipal' en toda España y, en veinticuatro horas, Economía se vio obligada a rectificar en parte, manteniendo el veto solo para este año.

Ante la incertidumbre y la desconfianza generados por los "continuos cambios de criterio" del Ejecutivo central –como muchos regidores criticaron entonces–, los alcaldes de Valladolid y Burgos, los populares Javier León de la Riva y Juan Carlos Aparicio, decidieron 'hacer provisión' de dinero para no interrumpir la inversión proyectada para 2011.

La consecuencia es que ambos superaron el límite del 75% de deuda sobre ingresos corrientes y tampoco podrán pedir créditos este año.

El Ayuntamiento de Valladolid adeuda 222,8 millones, el 87% de lo que suponen sus ingresos corrientes (253,7 millones). El año pasado, su alcalde, Javier León, optó por solicitar en una sola operación los créditos programados para dos años. De este modo, a los 47,6 millones de euros previstos inicialmente en el Presupuesto para financiar obras, el pleno municipal acordó sumar 25 millones más.

La ampliación del crédito en Valladolid estuvo ligada a una decena de obras, entre las que destacan la urbanización de la plaza del Milenio (6,8 millones de euros), la remodelación integral del Mercado del Val, la segunda fase del ARI de la Rondilla (tres millones) o la escuela infantil de Canterac, junto al nuevo Hospital Río Hortega (230.000 euros).

Burgos también se apuntó a la doctrina del acopio. Su por entonces alcalde, Juan Carlos Aparicio, decidió adelantar a 2010 el préstamo de 16 millones que tenía previsto formalizar este año, y poder proseguir con una docena de obras en marcha, entre ellas, el Auditorio y Palacio de Congresos, la rehabilitación de la parte alta de San Esteban o la remodelación del paseo de la Isla.

Este crédito elevó la deuda viva municipal a 159,3 millones –un 19% más que en 2009–, el 82% de los ingresos corrientes, lo que impide ahora a su equipo de gobierno gestionar nuevos préstamos. No obstante, como destacó el entonces concejal de Hacienda y ahora vicealcalde, Ángel Ibáñez, el Ayuntamiento está cumpliendo el plan de saneamiento, que para 2011 prevé cerrar en equilibrio presupuestario. "Este año terminaremos con una deuda de 143 millones porque se amortizarán los 16 millones pedidos por adelantando en 2010", explica.

De los ayuntamientos a los que no afecta la prohibición de endeudamiento este año, tres han reducido sus números rojos: Zamora (un 26%), Palencia (un 8%) y León (un 6%). También lo ha hecho Ávila (un 2%), pese a estar "condenada' al 'crédito cero' en lo que resta de año.

Ingresos alternativos

Sin embargo, esta restricción obliga al consistorio abulense a buscar ingresos alternativos –a través de las plazas de un garaje construido por el ayuntamiento, cita como ejemplo el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Félix Olmedo– o a delegar la construcción de alguna infraestructura en la empresa beneficiaria de su explotación.

Pese a esta difícil situación, Olmedo no prevé que ninguna de las obras planificadas para este ejercicio se paralicen. Tampoco hay previstos recortes de plantilla, aunque no se cubrirán las plazas que queden vacantes por jubilación. Incluso, el ayuntamiento que gobierna Miguel Ángel García Nieto prevé amortizar este año 3,8 millones.

Por su parte, Segovia y Soria son los dos únicos ayuntamientos que, pese a incrementar su deuda –un 8 y un 21% respectivamente–, esquivan el veto del Gobierno para contraer nuevos préstamos.

Las restricciones al crédito impuestas por el Gobierno obedecen al objetivo de reducción del déficit. La deuda de las entidades locales en España equivale al 3,3% del PIB, frente al 10,9% de las comunidades.

Fuente: El Mundo