miércoles, 27 de abril de 2011

El Ayuntamiento de Ávila aprueba en solitario la sexta modificación del PGOU

El informe desfavorable de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y de la Confederación Hidrográfica del Duero no acaba con la sexta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana porque una vez recogidas las prescripciones de ambos organismos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila aprobó, eso sí, en solitario, esa modificación.


Los 16 votos del PP fueron suficientes para superar la oposición en bloque de PSOE e IU, que sumaron 9 votos en contra de un documento que, por mucho que mejorara el anterior, como reconoció el portavoz de IU, Pedro Tomé, no les acaba de convencer por su «inseguridad jurídica» y porque, como aseguró la portavoz socialista, Mercedes Martín, «es de dudosa legalidad» e «innecesario».


Las prescripciones requeridas desde la administración regional hacían referencia a la protección de dos yacimientos arqueológicos, una vía pecuaria y una zona de bosque de ribera, entre otros puntos, lo que ha provocado que en el nuevo documento se reduzca en un 10 por ciento la superficie a recalificar, pasando de los 926.000 metros cuadrados que se recogían en el primer documento, a los 841.000 en los que se quedan ahora, y que serán recalificados en la zona que va desde la gasolinera de Rivilla hasta Naturávila, divididos en tres sectores denominados Los Barros, de 345.843 metros cuadrados, como zona residencial; Naturávila I, de 302.204 metros cuadrados, como zona comercial; y Naturávila II, de 193.046 metros cuadrados, como zona residencial.


El PSOE defendió su voto positivo a la ampliación del Cylog, «y lo mantenemos», dijo su portavoz, pero recordó al PP que «en el convenio no se especifica la zona con la que compensar y se marca que se tendría que hacer en el siguiente PGOU, pero su mala gestión nos lleva a esta situación».


Pero con todo eso, los motivos principales que adujo Mercedes Martín para votar en contra fueron que «no hay razones convincentes de la necesidad de tener más suelo comercial y residencial» y que «esta modificación es de dudosa legalidad ante el reglamento de Castilla y León». Además, Martín enumeró algunas de las 24 alegaciones presentadas en su tramitación inicial, «y que ninguna fue aprobada, señal de la sensibilidad de este equipo de gobierno con la sociedad abulense», ironizó.

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