Según han indicado a Efe fuentes del Comité de Empresa, hoy se les ha comunicado, por teléfono, que únicamente se había presentado una oferta, la del empresario asturiano, en el nuevo plazo abierto por el Juzgado de lo Mercantil de Ávila, que finalizó el pasado viernes.
La oferta, que podría no llegar a los "cuatro millones de euros", una cifra inferior a los 4,5 millones exigidos inicialmente por la juez del proceso, María Carmen del Peso, sin embargo, no ha sido del "agrado" de la administración concursal, ya que "no cumple todos los requisitos" relacionados con la documentación exigida y con los avales pedidos.
Así, está previsto que esta misma semana tenga lugar una reunión entre los administradores concursales, momento en el que se mostrará al Comité de Empresa la oferta presentada y se decidirán los siguientes pasos, que pasarían, en un primer término, por la emisión de un informe por parte de los administradores concursales.
En este sentido, la administración concursal -integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, así como por José Rafael Sánchez como representante de los acreedores y por el abogado Miguel Ángel Martín-, según han confirmado fuentes del Comité de Empresa de Elgorriaga, ha solicitado el embargo de bienes de la familia Ruiz Mateos, responsable del grupo Nueva Rumasa al que pertenece la factoría abulense, por valor de 64 millones de euros.
Los administradores concursales consideran "culpables" de la situación que atraviesa la fábrica a los dos administradores legales designados por el grupo y también a los administradores "de hecho", como son José María Ruiz Mateos y sus hijos.
Igualmente, han pedido que se haga lo mismo con Bleta Internacional, empresa propietaria de Elgorriaga, con domicilio en Belice y que tiene al presidente de Nueva Rumasa como único accionista.
Elgorriaga, cuya plantilla en Ávila está integrada por 75 personas, cuenta con un déficit patrimonial cercano a los 58 millones de euros, mientras que sus activos están valorados en 6,4 millones de euros y las deudas contraídas ascienden a 64 millones, valor por el que se ha pedido el embargo de bienes a la familia propietaria.
Fuente: Finanzas
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