Esta modificación es una de las alegaciones que ha presentado la entidad cameral abulense a dicho decreto y que busca, según ha indicado hoy en una nota, la libertad de competencia y la no competencia desleal.
Al respecto, la Cámara de Ávila ha considerado que se "precisa" una "uniformidad" legislativa, pero que la normativa "no debe generar por sí misma ni favorecer posibles desigualdades".
Así, las alegaciones de la Cámara están relacionadas con el ámbito de aplicación y exclusiones del proyecto de decreto y con la definición de hotel rural.
En este punto, han propuesto que tengan consideración de hotel rural, posada y casa rural los alojamientos ubicados en el medio rural y en casco urbano de municipios de menos de 10.000 habitantes, en lugar de estar en localidades de menos de 3.000.
También han indicado que los hoteles rurales contarán con un mínimo de 2 habitaciones o 4 plazas y un máximo de 50 habitaciones o 100 plazas, en lugar de que la capacidad máxima sea de 50 plazas de alojamiento, incluidas las camas supletorias.
Con respecto a las casas rurales, han propuesto que su capacidad oscile entre las 4 y las 20 plazas, en lugar de que la capacidad máxima sea de 16 plazas, y que el tiempo máximo de alojamiento por usuario no exceda de un mes de forma continuada.
Finalmente, han solicitado un plazo de un año, desde la entrada en vigor del decreto, para que los titulares de los centros de turismo rural puedan transformarlos y adaptarlos a alguna de las modalidades de alojamientos rurales previstas.
Fuente: ABC
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