La propuesta también planteaba la necesidad de dirigirse a la Junta de Castilla y León para que inicie expedientes sancionadores a aquellos responsables de la situación que atraviesa Bankia.
El rechazo del resto de grupos ha sido unánime pero por distintos motivos. De hecho, tanto PSOE como IU han criticado duramente el proceso de fusión por el que Caja de Ávila pasó a formar parte del conglomerado financiero encabezado por Caja Madrid.
El alcalde de Ávila y vicepresidente de la entidad abulense, Miguel Ángel García Nieto, ha salido en defensa de la clase política asegurando que las cajas no solo están compuestas por ellos, sino que también hay representantes de sindicatos, patronal, jubilados de la caja y otros colectivos sociales. «Los políticos del PP somos los más torpes, pero digo yo que entre todas esas entidades habrá alguien preparado», ha añadido irónicamente.
Responsabilidades
La portavoz de IU, Montserrat Barcenilla, aseguró que no apoyaría la propuesta del UPyD porque su formación «sí cree en la banca pública». Aprovechó su turno de palabra para calificar como un "auténtico fraude" la fusión en la que participó Caja de Ávila y espera que se pidan «responsabilidad jurídicas» a aquellas personas que provocaron la caída.
En la misma línea, la portavoz del PSOE, Yolanda Vázquez, aseguró que la decisión de formar parte del conglomerado de Caja Madrid correspondió a aquellos que prefirieron "mantener sus posaderas" a participar "en un proyecto de carácter castellano y leonés", como quería la Junta.
«En ese gigante con pies de barros se encuentra nuestra Caja de Ávila, pero ya no existe, ya no es nada, de hecho, tiene un valor económico negativo», ha asegurado Vázquez. Sin embargo, y aunque pide que se depuren las responsabilidades, considera que la propuesta de UPyD no es lo más indicado en el momento actual. «Lo único que nos queda de Caja de Ávila es la continuidad de la Obra Social y habrá que luchar por esto y por el mantenimiento del empleo».
Viviendas en stock
En el mismo pleno IU presentó otra moción pidiendo que las viviendas en stock de aquellos bancos que hayan recibido ayuda pública pasen a ser propiedad del Estado. A partir de ahí, el objetivo es que sean los ayuntamientos, al ser «la administración más cercana a los ciudadanos», los que se encarguen de gestionar estos inmuebles y los destine al alquiler social.
Tampoco encontró esta propuesta ningún apoyo en el resto de grupos. UPyD voto en contra al considerar que significaba la nacionalización de la banca. «Lo que está proponiendo no viable y lo sabe», señalaba, en la misma línea, la portavoz socialista, que acusaba a IU de buscar los «titulares».
«Queremos que el sistema financiero funcione, pero para eso hay otros gestores», afirmó, por su parte, el portavoz del PP, José Francisco Hernández Herrero. «Dejemos que cada uno haga lo que tenga que hacer, y al Ayuntamiento no le toca hacer esto», añade.
Fuente: El Norte de Castilla
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