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Sin embargo, un breve paseo por sus calles será suficiente para encontrar la avenida del Caudillo en el centro mismo del pueblo, las plazas contiguas del general Mola y de Onésimo Redondo, la avenida del 18 de julio o la calle del 8 de octubre. Incluso, si visita el Consistorio de la localidad, no tendrá dificultades para ver el escudo preconstitucional en la vidriera que lo preside.
Más de cuatro años después de que el Gobierno de Zapatero aprobara la polémica Ley de Memoria Histórica, este pueblo abulense de poco más de 1.000 habitantes se resiste como pocos al polémico texto, pese a las presiones de las asociaciones memorialistas. La última, una carta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con fecha de 2 de marzo y dirigida al alcalde de la localidad, José Luis Bartolomé, del PP, en la que se instaba a un «cambio inmediato tanto en el callejero como en los espacios públicos de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». Peticiones acompañadas de la advertencia de «retirada de subvenciones o ayudas públicas».
Lo cierto es que entre sus habitantes muy pocos se preocupan de su existencia. Es un tema que «no interesa en el pueblo», explica el alcalde, porque si «alguien viene al centro, viene a la plaza del pueblo, no a la del general Mola». Es más, a la avenida del Caudillo, «se la conoce como calle de la estación porque es lo que la gente identifica que hay en ella», afirma el primer edil. No obstante, ni mucho menos es contrario a su modificación pero sí que reclama ayudas económicas porque «el Ayuntamiento no tiene terrenos, no hay deudas pero tampoco dinero para acometer las reformas», explica.
Y es que «si cada placa cuesta 50 euros y son diez o veinte las que hay que cambiar…», todo tendría que ser costeado por los propios vecinos con impuestos extraordinarios. Pese a las dificultades, el alcalde que ha sido elegido por tercera vez con mayoría absoluta desvela que el próximo otoño planteará el cambio, para que los habitantes puedan aportar ideas que luego se debatan en el pleno. Precisamente, él propondrá que la del general Mola pase a denominarse general Gutiérrez Mellado. Aunque, eso sí, no se muerde la lengua: «Lo haremos aunque creo que es remover basura con una ley innecesaria y sólo sirve para enfrentar a las dos Españas». Y es que, a su juicio, «es más preocupante que la gente acampe a sus anchas en la Puerta del Sol, que en el País Vasco se retiren banderas españolas o que se destrocen capillas católicas en la universidad». «Mucho más que unas cuantas calles», protesta.
Ni la Delegación de Gobierno ni la Administración le han comunicado oficialmente nada. Pero se resigna, «si me lo piden ellos lo tendré que hacer porque si a un pueblo como el nuestro le retiran las subvenciones, le pueden hundir en la miseria». Tampoco el PSOE había planteado una moción de censura hasta ahora. De hecho, esta formación tuvo oportunidad de hacerlo en los ocho años que gobernó la localidad. Lo hará, sin embargo, en próximas fechas, según anunció a este diario el portavoz socialista de la localidad, Alejandro Narganes. Su versión contradice la del alcalde. «Aunque sea un pueblo tranquilo, hay tiranteces por el nombre de las calles», afirma Narganes y replica, «no es tantísimo el coste que supondría el cambio, sería una cantidad ínfima del presupuesto».
Al contrario de lo que se puede leer en su callejero, si por algo es conocido Navalperal de Pinares en los libros de historia es por su resistencia a las tropas nacionales en 1936. No en vano, nada más estallar la Guerra Civil, desde el 23 de julio hasta el 8 de octubre, el coronel del bando republicano Julio Mangada resistió a los ataques de las fuerzas de Franco con voluntarios procedentes de Madrid. Acontecimientos que se rememoran todavía hoy en el museo El Lavadero de la localidad.
Fuente: La Razón
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