También figuran entre los imputados los presidentes de Caja de Ávila, Agustín González, y de Caja Segovia, Atilano Soto, que junto a otras cinco cajas formaron el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia. Atilano Soto ha sido imputado como consejero de Bankia, mientras que Agustín González, como vocal del Consejo de BFA.
El magistrado les ha citado a declarar y les imputa delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
Según han informado fuentes jurídicas, Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4, ha adoptado esta decisión después de que Anticorrupción informara a favor de la querella que UPyD presentó cuando Bankia salió a bolsa. Además, el partido de Rosa Díez había solicitado como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.
Deterioro patrimonial
El magistrado ha advertido que la quiebra de la entidad "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país". "La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento", dice el juez. "El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo ascendería, por tanto, a la suma de 23.465 millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjuicio para la economía nacional", ha agregado el magistrado tras referirse a la inyección de 4.465 millones de euros realizada por el FROB y que "se convertirá en acciones de Bankia al no poder ser devueltos".
En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa Andreu detalla, en concreto, que este órgano judicial se ocupa de "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión" y destaca que los hechos "encajan plenamente en el concepto material de defraudación". El juez destaca también "la trascendencia de los hechos que son objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la investigación penal" e impone a la formación denunciante una fianza de 20.000 euros para constituirse como parte.
Describe que, según la querella, los hechos reflejan el deterioro patrimonial de la entidad que fue creciendo progresivamente en un breve espacio de tiempo" pasando el balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
Fuente: El Norte de Castilla
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